Cuándo la verificación previa de idoneidad de consejeros y directivos y la diligencia debida sobre proveedores dejan de ser buena práctica voluntaria para convertirse en obligación jurídica. Recorre el régimen español, la directiva europea de diligencia debida en sostenibilidad (CSDDD), la ley anticorrupción estadounidense (FCPA) con la guía del Departamento de Justicia y las directrices de idoneidad de EBA y ESMA; señala los límites que imponen la protección de datos y la no discriminación; y propone un modelo de escrutinio graduado por niveles de riesgo.

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